Guanajuato, Gto.- El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, presidió la ceremonia de instalación del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la instalación del Sistema Estatal, Guanajuato es la entidad número 21 que ha cumplido con lo que establece la Ley General de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Gobernador fungirá como Presidente del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes; mientras que como Secretaria Ejecutiva se nombró a la licenciada Diana Ramírez Rodríguez.

Además, cuenta con 15 integrantes, quienes son los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social y Humano, Salud, y Seguridad Pública, el Procurador General de Justicia, y los directores de INGUDIS, Instituto de la Juventud e Instituto del Migrante. Así como el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Procurador Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Director General del Sistema Estatal DIF, tres representantes de la Sociedad Civil y un representante de UNICEF.
El Mandatario destacó: “Todos alineados a un plan, a una estrategia única, coordinados todos; en la Administración Estatal tenemos detectadas a 15 dependencias que desarrollan más de 90 programas para nuestras niñas, niños y adolescentes”, agregó.

A través de esta labor se podrá hacer una medición de las acciones que estamos logrando en la atención y protección de la niñez y adolescencia, señaló el Gobernador.
Márquez Márquez sugirió a los 46 alcaldes de la entidad para que a la brevedad instalen este Sistema de Protección en sus respectivos municipios. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Antonio Bucio Mújica, dijo que los tres niveles de gobierno junto con la sociedad deben impulsar acciones que protejan a los menores de edad en beneficio de su desarrollo. Añadió que éste sistema es una muy buena noticia para Guanajuato, ya que es un mecanismo que ayudará a tener un diagnóstico claro de cómo garantizar los derechos de más de 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el Estado, y que lo replique en sus 46 municipios.