Por Lic. José Miguel Cortés L.

Las Reformas Constitucionales que hicieron posible la instauración del Proceso Penal Acusatorio en nuestro país, conocido como “Juicios Orales”, posibilitaron el llamado “Procedimiento Abreviado”, que consiste en la renuncia que hace la persona imputada a que su responsabilidad en la comisión de un hecho delictuoso sea resuelta en un Juicio Oral, Pública y Contradictorio.

La renuncia al Juicio Oral debe de ser con conocimiento de las consecuencias que ello implica; debidamente asesorado por su Defensor y plenamente consciente de que está aceptando su participación en el hecho delictivo que se le imputa y de las consecuencias que ello le puede acarrear. Los dogmáticos y estudiosos han dado en clasificar este procedimiento abreviado de diversas formas: Dicen que es una forma de aceleración del proceso; que es una salida alterna al juicio oral; que es un medio alternativo para solucionar un conflicto y algunas otras clasificaciones. Lo cierto es que el procedimiento abreviado constituye un magnífico remedio contra la larga duración de los procesos penales. Para nadie en México es un secreto que algunos procedimientos llegaron a durar años y años para terminar, en el mejor de los casos, con un “usted disculpe”.

La adopción por parte del inculpado y su defensa del procedimiento abreviado significa un ahorro en recursos para el contribuyente, porque de una manera rápida se resuelve aquél asunto; representa un ahorro también para la defensa y en general, se utilizan de manera más eficiente los recursos de los ciudadanos. Para el propio imputado es mejor saber de una buena vez cuál va a ser su destino, frente a la incertidumbre de los procesos que se eternizaban. La víctima es la que más gana con la adopción de éste procedimiento porque más rápidamente ve reparado el daño que sufrió con el delito.

La solicitud para que se adopte el procedimiento abreviado puede realizarla el Ministerio Público, el Acusador Particular o el Inculpado desde que se dicta el Auto de Vinculación a Proceso y hasta antes del Auto de Apertura del Juicio Oral. Quien lo solicite deberá pedir Audiencia al Juez de Control para plantearlo, la que deberá de celebrarse dentro de los tres días siguientes. En la Audiencia el Juez verificará que se reúnen los requisitos de ley y enseguida otorgará la palabra al Ministerio Público o Acusador Particular, en su caso; enseguida a la Defensa y demás intervinientes, si existen; el Inculpado tendrá siempre el derecho a la última palabra. A continuación el Juez emitirá su Sentencia Condenatoria o Absolutoria y, en síntesis, expresará las consideraciones de hecho y de derecho que sustentan su decisión. Dentro de las 48 horas siguientes redactará y explicará públicamente su Resolución.

En caso de no reunirse los requisitos de ley, el Juez rechazará la solicitud, la que podrá presentarse nuevamente cuando se estimen cumplidos dichos requisitos. Lo más importante, quizá, de la adopción de éste procedimiento, consiste en que la ley le concede un “premio” al imputado que reconoce su participación en el hecho delictivo que se le imputa.

El estado ha determinado que a quien se acoja a éste procedimiento le serán rebajadas una tercera o una cuarta parte en los márgenes de punibilidad de la sanción señalada para el delito de que se trate, según sean delitos que ameritan prisión oficiosa o no, es decir, si el delito de que se acusa a la persona imputada es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa (Delincuencia Organizada, Homicidio Doloso, Secuestro, Violación, Trata de Personas, Delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, y delitos graves contra la Seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud) la punición se determinará entre las tres cuartas partes del mínimo y el máximo señalados en la ley como sanción, mientras que si se trata de cualquier otro delito, diferente a los ya anotados, la sanción a imponer se determinará entre las dos terceras partes de esos límites.

Lo anterior constituye un atractivo incentivo tanto para la defensa como para la persona imputada, sobre todo en aquellos casos en que las posibilidades de una sentencia absolutoria son mínimas, dado el cúmulo de pruebas que obran en contra del imputado. En pocas palabras, no tiene caso para la defensa prolongar un proceso si las pruebas de culpabilidad son abrumadoras. A cambio de admitir su participación en el hecho que se le imputa, se obtiene un importante beneficio.

Como medida experimental, el legislador fue muy prudente en los beneficios otorgados. La sociedad en general, pero sobre todo quienes trabajamos con el Derecho, debemos de estar al pendiente para en su caso, proponer mayores beneficios a quienes se declaren responsables de los hechos para que la impartición de justicia sea de manera más eficiente y efectiva, para beneficio de todos.