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Los jugadores de casinos sociales están molestos porque creen que los gigantes tecnológicos como Apple, Google y Meta deben hacer mucho más para evitar que aparezcan aplicaciones fraudulentas de casinos y juegos en sus plataformas. Los tres demandados han argumentado hasta ahora que no son responsables de las pérdidas sufridas a través de los juegos sociales en cualquiera de sus canales, mientras que los demandados han replicado que, en última instancia, es tarea de las plataformas tecnológicas asegurarse de que no se admitan partes fraudulentas en primer lugar.
Los jugadores de casinos sociales insisten en que las empresas tecnológicas son las culpables
Ahora, el Distrito Norte de California compartió una opinión en la que se puso parcialmente del lado de los usuarios de casinos sociales. El juez Edward J. Davila argumentó que «las mentes razonables podrían diferir en cuanto al resultado de este caso». Los jugadores de casinos sociales no cejan en su empeño, ya que alegan que el juego ilegal ha proliferado utilizando las plataformas de las citadas empresas.
La demanda viene con diferentes quejas, incluyendo el enriquecimiento injusto, la pérdida del juego, y más. Sin embargo, el juez Davis no ha ofrecido a los demandantes una victoria definitiva. Más bien, ha explicado que ahora corresponderá a otra parte determinar más allá de toda duda razonable quién es el responsable de la conducta ilegal.
El juez Dávila también dio la razón a los demandantes en su segunda teoría de la responsabilidad, en la que alegaban que las empresas eran responsables de su propia conducta, no de la de los desarrolladores del juego. Sin embargo, el juez Dávila no pudo estar de acuerdo con las otras dos teorías planteadas por los demandantes en las que se alegaba que las plataformas tenían funciones «editoriales» o se les responsabilizaba por compartir big data.
Pero el caso es mucho más grande también, ya que de facto busca crear un precedente en el que las empresas puedan tener inmunidad por alojar aplicaciones de casinos sociales supuestamente ilegales. Por ello, el juez Dávila ha solicitado una apelación interlocutoria inmediata. El caso ha sido suspendido mientras el Tribunal del Noveno Circuito decide si acepta la certificación.