Una demanda presentada por Craig Wright para obligar a los desarrolladores de Bitcoin a entregar la criptomoneda y cambiar el código podría llegar a los tribunales, según informó Reuters el 3 de febrero.
Craig Wright ha demandado a 15 desarrolladores para obligarles a abandonar la criptomoneda;obtener 111.000 BTC por valor de 2.500 millones de dólares. Craig Wright fue supuestamente hackeado hace varios años, lo que le hizo perder el acceso a claves que le habrían permitido retirar criptomonedas de varias direcciones (se cree que una de estas direcciones contiene fondos robados relacionados con el hackeo de Mt. Gox, a pesar de las afirmaciones de Wright).
Si Craig Wright gana su caso, podría exigirse a los desarrolladores que escribieran parches de software que ayudaran a su empresa, Tulip Trading, a recuperar el importe íntegro.
Craig Wright lleva ejerciendo esta acción en el Reino Unido desde al menos febrero de 2021. Aunque el caso fue desestimado el año pasado, el Tribunal de Apelación del Reino Unido ha dictaminado hoy que los desarrolladores pueden tener obligaciones con los propietarios de una cadena de bloques. El juez Colin Birss dijo que Tulip tenía una obligación «clara e inequívoca» con los propietarios de una cadena de bloques.argumento realista«que la criptomoneda se confíe a los desarrolladores y que se les pueda exigir que introduzcan un código que traslade el bitcoin del propietario a un lugar seguro.
James Ramsden, el abogado que representa a varios promotores recurrentes, dijo que sus clientes son «increíblemente nervioso«. Además de acabar teniendo que pagar dinero ellos mismos, el resultado también podría repercutir en el desarrollo de blockchain a gran escala.
Craig Wright ha tenido una relación tumultuosa con la comunidad de las criptomonedas debido a sus afirmaciones de que es Satoshi Nakamoto, el pseudoinventor del bitcoin. Sin embargo, se involucró en bitcoin desde el principio y ha aprovechado con éxito este papel en varios casos legales. Ha ganado algunos casos de derechos de autor, así como victorias técnicas y derrotas no definitivas en casos de difamación.