Francia debería adoptar un régimen de licencias para los proveedores de servicios de criptomonedas, según ha sugerido el director del banco central del país. Según el ejecutivo, la necesidad de una mayor supervisión reguladora se deriva del «desorden» que ha asolado el sector en el último año.
La concesión de licencias debería sustituir al registro de empresas de criptomonedas en Francia, según el Gobernador François Villeroy de Galhau.
El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, ha pedido requisitos reglamentarios más estrictos para las empresas de criptomonedas. En respuesta a la reciente volatilidad del sector, insistió en la necesidad de introducir una licencia en lugar del actual registro.
François Villeroy de Galhau también cree que París no debería dudar en actuar incluso antes de que entre en vigor la próxima normativa de la UE, que hará obligatoria la licencia del gobierno francés para los proveedores de servicios de activos digitales (DASP), informa Bloomberg.
Alrededor de 60 plataformas que trabajan con criptomonedas se han registrado hasta la fecha ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa, entre las que figuran operadores mundiales como Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Las licencias siguen siendo opcionales y todavía no hay licenciatarios entre los proveedores de servicios de activos digitales registrados en Francia. El jueves, François Villeroy de Galhau se dirigió a los representantes del sector financiero:
Todo este lío en 2022 alimenta una convicción simple: es deseable que Francia pase lo antes posible a una licencia DASP obligatoria, en lugar de un simple registro.
La AMF exige a las DASP que solicitan una licencia que cumplan ciertas normas en términos de organización, recursos financieros disponibles y conducta empresarial, señala el informe.
La propuesta del gobernador llega después de que las principales instituciones de la UE y los Estados miembros alcanzaran el pasado verano un acuerdo sobre una nueva legislación para los mercados de criptoactivos (MiCA) y lograran un consenso sobre un conjunto de nuevas normas contra el blanqueo de capitales para el sector.
Está previsto que el paquete normativo entre en vigor en 2023, pero las empresas dispondrán de otros 12 a 18 meses para cumplirlo. Bruselas también quiere obligar a las plataformas que gestionan transacciones de criptomonedas para residentes en la UE a hacer declaraciones a las autoridades fiscales de la UE.