Coinbase, la principal bolsa de criptomonedas de Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo con los reguladores después de que unos delincuentes robaran 150 millones de dólares utilizando la plataforma.
Según un memorando del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, Coinbase debe pagar 50 millones de dólares en multas al regulador e invertir otros 50 millones en reforzar sus programas internos de cumplimiento en los próximos dos años.
El memorando dice que Coinbase está haciendo lo «mínimo» para verificar a sus clientes y sofocar la actividad ilícita, que en última instancia condujo a un robo de 150 millones de dólares que se produjo a mediados de 2021.
El regulador afirma que un individuo podría haberse aprovechado de la falta de seguridad de Coinbase.
«En la primavera de 2021, un individuo que decía ser empleado de una empresa («Empresa A») pudo abrir una cuenta a nombre de la Empresa A sin el permiso de esa empresa, y sin los documentos de identificación personal adecuados requeridos por la política de Coinbase.
En un fraude sofisticado, el individuo pudo presentar un formulario de solicitud en línea para aumentar 50 veces el límite diario de retirada de fondos, que le fue concedido a pesar de la falta total de actividad en la cuenta y, por tanto, sin pruebas de que los umbrales existentes fueran insuficientes para la actividad del cliente.
A continuación, en un solo día, el empleado transfirió más de 150 millones de dólares de la cuenta bancaria de la empresa A (a la que el empleado también había obtenido acceso no autorizado) a la cuenta Coinbase de la empresa A. A continuación, el empleado convirtió inmediatamente los fondos fiduciarios en moneda virtual, y luego trasladó inmediatamente la moneda virtual a un monedero fuera de la plataforma Coinbase.»
El mes pasado, el consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, esbozó lo que denominó un «plan realista» sobre cómo podría evolucionar el sector de las criptomonedas. Armstrong dijo que las empresas de criptomonedas tendrían que someterse a auditorías anuales «rigurosas», establecer controles y gobernanza en los consejos de administración, cumplir normas básicas de ciberseguridad y disponer de una lista negra de sanciones.

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