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Dallmeier, finalista de los Premios Europeos de Casino 2023

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Las loterías españolas ONCE y SELAE serán revisadas por la DGOJ – la dirección española del juego – en relación con la forma en que los juegos de lotería se comercializan y venden al público.

La DGOJ ha informado a los agentes del juego y a los medios de comunicación españoles de la consulta, en la que se solicita su opinión sobre la «comercialización de juegos de lotería» permitida en todas las provincias autónomas de España.

La consulta estará abierta a respuestas hasta el 31 de marzo, y la Dirección General ha destacado que necesita la opinión de los medios de comunicación españoles y de los vendedores públicos de los juegos de la ONCE y la SELAE.

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Como administradores de las loterías nacionales de España, la ONCE -la lotería para discapacitados- y la SELAE -la lotería para las sociedades benéficas españolas- pueden autorizar la venta de billetes y juegos a través de «vendedores públicos», ya sean cafeterías, restaurantes, estancos, comercios minoristas, etc.

Sin embargo, la DGOJ ha puesto de manifiesto que en los últimos años se ha incrementado el número de páginas web y aplicaciones online que venden juegos de la ONCE y SELAE como vendedores autorizados.

Se han planteado dudas sobre si los vendedores online ofrecen la debida protección al cliente y garantías en los boletos vendidos al público para los sorteos de la ONCE y SELAE.

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Las loterías españolas difieren de las de otros países europeos, ya que los clientes compran boletos con números preimpresos y participan en votaciones para ganar un % del bote de una comunidad, en lugar del formato de sorteo único, que premia a un ganador individual.

Este formato único garantiza que España mantenga las loterías nacionales más populares de Europa, con los sorteos de Navidad de «El Gordo» y «El Niño», que han repartido más de 2.500 millones de euros en premios entre los clientes.

La DGOJ subrayó la importancia de su consulta para garantizar que las loterías españolas estén libres de corrupción y para proteger a los consumidores españoles del fraude.